Sí, lean el título de este artículo y piensen por un segundo. Concentren su atención sobre dicho tema, pues es uno de los nudos gordianos imposibles de deshacer para conseguir que este país avance. En efecto, considerar que en España la justicia funciona es ausentarse de la realidad y alejarse mucho de la verdad.
Según el vademécum de la democracia, esta se fundamenta en un delicado equilibrio e independencia de los tres poderes públicos fundamentales: legislativo, ejecutivo y judicial. En un sistema parlamentario como el nuestro, los ciudadanos eligen el legislativo y estos al ejecutivo. ¿Y el judicial? Pues también el legislativo, mediante la negociación y el acuerdo de los partidos políticos. O casi todos. ¿Por qué? Ellos les responderán que para evitar corporativismo judicial y además, puesto que el pueblo eligió a sus diputados, estos escogerán a los jueces para que la cadena de la soberanía nacional no se rompa. Palabrería barata.
Y claro surge la pregunta: ¿habrá un juez elegido por políticos, de juzgar su conducta y sus hechos? La respuesta es obvia. No.
Si, de manera torticera, impedimos que el poder judicial sea independiente del poder político, la democracia, no sólo será de baja calidad sino que estará en peligro. Pero eso, a nuestros gobernantes les resultará secundario, lo primario será conservar sus parabienes y mantener las filas prietas, no sea que el aparato del partido político que representa les desestime.
Por otra parte, ¿quién elige al fiscal, que es la parte acusadora en todo proceso de instrucción y en todo juicio? El gobierno, por mor de su Ministro de Justicia es quien designa al Fiscal general del Estado, y de ahí hacia abajo. ¿Y no tienen ustedes la sensación que últimamente el fiscal parece ser el abogado defensor? ¿No se podría elegir al Fiscal general de entre una terna presentada por LOS JUECES, o por alguien más independiente que quien ahora decide? Seguro que les dirán que tal o cual procedimiento lo impide.
Surgen muchas preguntas sin aparente respuesta, pero, sin embargo, esta es muy sencilla y muy evidente: corrupción.
Por qué existiendo el Tribunal Supremo se creó el Constitucional? ¿Para alargar procesos y ubicar amigos con carnet?
¿Por qué un perdido juzgado de Corcubión llevó el caso Prestige? ¿Para qué con su evidente falta de medios el proceso se eternizara y al final no hubiera culpables?
¿Por qué el juez instructor del caso Blesa está suspendido? ¿ Acaso por atreverse a enviarle a prisión? A ver, la mayoría de las cajas de ahorro en España han quebrado, ¿y nadie ha sido culpable? ¿Tanto cuesta seguir el rastro del dinero enviado a paraísos fiscales?
¿Cuántas veces el juez encuentra culpable al acusado pero le absuelve porque los hechos han prescrito?
Y finalmente la imposibilidad de que la acusación popular. sin el concurso del fiscal, lleve a juicio a un imputado. ¿Y si el fiscal recibe instrucciones de arriba? En efecto, muy conocidos casos, ahora a cargo de jueces instructores, evidenciarán parte de la verdad a través de filtraciones a la prensa, pero tales juicios, salvo que el sistema cambie, nunca se celebrarán por la doctrina que cierto apellido bancario denomina.
Y luego, cuando finalmente y en ciertos casos, determinadas personas son consideradas culpables, ¿por qué funciona con tanta rapidez la maquinaria del indulto? ¿Por qué se protegen?¿Cuántos indultos ha habido desde el final del franquismo?
Con estos mimbres, es fácil entender que los jueces, aun siendo profesionales en el ejercicio de su profesión, decidan no buscarse problemas. Actúan con prudencia y miran a otro lado, cuestión por otra parte, normal.
¿Haremos nosotros lo mismo?
jdcisneros65 